Mercado y Transparencia.- El Juzgado Nacional Comercial n° 21 investiga el pago de una sospechosa comisión que hizo una empresa a un particular por haber ganado una licitación de 338 viviendas en el Municipio de Malvinas Argentinas, a cargo de Jesús Cariglino. De acuerdo al contrato EMA SA se obligó a pagar a Eduardo A. Roldán 1 millón de pesos por “asesoramiento comercial”, si obtenía la licitación. Roldán no posee estudios ni experiencia en la construcción, mientras que sí tiene antecedentes penales por cheques sin fondo, estafa y hurto simple. Se investiga si es un mero testaferro y quién es el verdadero destinatario de ese dinero.
El juez Germán Paéz Castañeda está investigando un extraño contrato celebrado en el año 2007 entre la empresa Ema SA y Eduardo Alejandro Roldán con motivo de la licitación de 338 viviendas en Malvinas Argentinas, en el marco de la quiebra de Roldán que tramita el Juzgado Nacional Comercial N° 21.
El “Convenio de honorarios” entre EMA y Roldán dice que “La firma ´EMA SA´ ha encomendado al Sr. Eduardo A. Roldán tareas de asesoramiento comercial en relación a la licitación y ejecución de la obra Tierras altas IV y V -licitación n° 15 y licitación n° 16 Municipalidad de Malvinas Argentinas (…) Por las tareas encomendadas las partes acuerdan los honorarios del Sr. Roldán con un valor equivalente a pesos tres mil por cada vivienda ($3.000 x 388), lo que hace un total de pesos un millón ciento sesenta y cuatro mil ($1.164.000), dice el documento a fojas 605 del expediente “Roldan, Eduardo Alejandro s/ quiebra”.
El misterioso contrato que promete un generoso porcentaje sobre la licitación -cuya causa no está nada clara- aparece firmado por Alejandro Mario Cánepa, presidente de EMA SA, y Roldán. La fecha figura en blanco salvo por el año “2007”. El cobro de esa cifra -dice el contrato- estaba supeditado a que Ema SA efectivamente percibiera las sumas que tenía para cobrar de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, cuyo intendente a cargo era Jesús Cariglino.
El síndico de la quiebra del ahora fallido Roldán pretendió cobrar ese crédito al enterarse de su existencia mediante una copia que le fue enviada anónimamente en su domicilio. Feliz de haber detectado fondos en una quiebra sin activos -con un pasivo verificado por 40 mil pesos- el síndico instó de inmediato la citación de los representantes de Ema S.A. La empresa se presentó al juez y no negó la deuda sino que se limitó a discutir la persona a quien debía pagarle. Ema SA pidió que se suspendiera la intimación hasta que se determine quién es el verdadero acreedor de la interesante cifra, dice el expediente.
La Fiscalía de la Cámara les pinchó el globo y mandó investigar: “Considero relevante destacar que no surge de autos que el fallido tenga capacitación técnica o profesional, ni antecedentes vinculados a la construcción de viviendas. Y tampoco se observa una situación económica o capacidad empresarial que justifique la asignación de honorarios por más de un millón de pesos”, dijo la fiscal Alejandra Gils Carbó.
En su dictamen Gils Carbó subrayó que “de los términos del contrato referido, resulta que la retribución en cuestión no parece relacionada con una obra o servicio determinado del fallido, sino con un resultado: ganar la licitación y cobrar los avances de la obra…Previo a resolver lo que corresponda sobre el dinero depositado, es necesario indagar si ese crédito a cobrar está incorporado a la economía legítima, de otro modo, tendría que ser puesto a disposición de las autoridades o jueces competentes” [descargar dictamen completo].
De acuerdo a las constancias de la quiebra, a la que Mercado y Transparencia tuvo acceso, el fallido Roldán había declarado que su ocupación era colaborar con su madre en la concesión gastronómica de un club de barrio, y que no posee bienes, ni fondos en cuentas bancarias.
Los avances de la investigación revelaron que el contrato en cuestión no está incluido dentro de una investigación penal realizada en el Juzgado Criminal n° 5 de San Martín por obras públicas realizadas en Malvinas Argentinas, donde Cariglino resultó sobreseído.
Sin embargo, los informes a registros públicos ordenados por el juez de la quiebra determinaron que el fallido Roldán tiene varios antecedentes penales vinculados a delitos económicos. Existen dos causas iniciadas en su contra por cheques sin fondos en los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico n° 4 y n° 7, a cargo de los jueces Alejandro Catania y Ezequiel Berón de Estrada, respectivamente. También fue condenado a tres meses de prisión en suspenso por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, por estafa en dos ocasiones y por hurto simple. El juez Páez Castañeda deberá resolver, sobre la base de estos informes recientemente agregados a la causa, si el origen del dinero depositado es legítimo o si el caso derivará en una nueva investigación penal.
En el expediente de la quiebra, la Sala C de la Cámara Comercial -integrada por los jueces Alfredo Kolliker Frers, Juan R. Garibotto y José Luis Monti- resolvió que, sin perjuicio del resultado de la investigación, la empresa Ema SA debe depositar en la quiebra el importe requerido por el juez, ya que no controvirtió eficazmente los fundamentos de la intimación ordenada por el juez de la instancia anterior. También ordenó que continúe la investigación sobre la legitimidad del extraño porcentaje que Ema pagaría a un deudor fallido con antecedentes penales, por haber ganado la licitación de 338 viviendas en Malvinas Argentinas [descargar fallo completo].
Tomado de informadorpublico.com
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